La Justicia en terapia intensiva, la policía desbocada, los ciudadanos de a pie en peligro. A propósito del caso Carrera

Así ejerce el poder una justicia representada por hombres y mujeres de quienes no sabemos nada, pues no son votados por el pueblo soberano, ni transparentados los concursos que les permiten acceder a lugares tan imprescindibles para una República como el de disponer de la libertad de los ciudadanos de a pie y el de determinar las responsabilidades penales de quienes cometen delitos.

La balanza se inclina hacia la faena de inocentes en pos de conservar el status quo, por impericia, connivencia o conveniencia, la justicia a través de fiscales y jueces ratifican y legitiman las barbaridades investigativas de una parte importante de la policía que necesita "esclarecer" hechos a cualquier precio y para eso se vale del armado de causas, de la imputación de buchones, del gatillo fácil o de la tortura.

El caso Carrera no escapa a la lógica seguida en Candela y el cuádruple crimen de la Plata, asesinos libres, protegidos o escapados e inocentes presos, por eso las cárceles colapsan y el delito no baja.

Lo que ven en el video que acompaña esta redacción es una partecita de la película EL RATI HORROR SHOW, de Enrique Piñeyro, película que magistralmente ilustra la emboscada tendida a Fernando Carrera por personal de la brigada de la Comisaría 34 de la PFA, el procedimiento hubiera salido redondo si Fernando moría, pero sobrevivió a 7 disparos en su cuerpo, incluyendo uno en la cabeza, que lo dejó inconsciente y por ello atropelló a las víctimas de la denominada "Masacre de Pompeya". Sobrevivió para que se haga justicia, para que los ciudadanos sepamos que sin control de la policía y sin democratización del Poder Judicial, estamos todos en peligro.

La Corte Suprema tiene la última palabra en el caso Carrera; la Corte es nuestro último bastión de defensa de las libertades ante el poder totalitario de la policía. La Corte hará justicia y liberará a Fernando y pedirá una investigación sobre los policías que perpetraron este hecho y la impunidad de los verdaderos responsables. Eso espero como Argentina. JUSTICIA.-

¿Quién responde cuando un preso muere?

"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, HARÁ RESPONSABLE AL JUEZ QUE LA AUTORICE" esto dice el último párrafo del artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo fundamental en el proceso penal, pues define las limitaciones del poder punitivo del Estado, creando un marco de garantías para todos los ciudadanos que habiten este suelo.

Asimismo, existe en el ordenamiento interno, es decir en el Código Penal, la figura de la responsabilidad penal por OMISIÓN IMPROPIA, cuando alguien está en una posición de garante, y debe ACTUAR para evitar un resultado dañoso, y no lo hace. 

Como bien explica el Profesor  Bacigalupo: " Los delitos impropios de omisión son la contrapartida de los delitos de comisión de resultado de lesión: su problemática sustancial consiste en establecer cuándo NO evitar el resultado es punible, pues equivale a la producción activa del mismo...En los delitos impropios de omisión dolosos el dolo requiere conocimiento de la situación generadora del deber de actuar y de las circunstancias que fundamentan la posibilidad de la realización de la acción. En los delitos impropios de omisión culposos o imprudentes el autor desconoce, aunque hubiera podido conocer, las circunstancias que fundamentan el deber de actuar, su posición de garante o su posibilidad de obrar en el sentido requerido por el mandato de acción. La autoría del delito de omisión depende de la infracción del deber de actuar o impedir el resultado que sea equivalente a su producción activa..." 

El Servicio Penitenciario tiene el deber de garante en cuanto a la vida e integridad física de las personas detenidas, más aún de aquellas que están con prisión preventiva, lo que significa que todavía no se ha determinado su responsabilidad en cuanto al delito que se le imputa. Los presos están a disposición del Estado, no tienen elección, cualquier cosa que les suceda es responsabilidad de los que ejercen el control de las prisiones y de los Jueces a cargo de las detenciones.

Dostoievsky alguna vez dijo que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos, tendremos que detenernos a evaluar si queremos seguir haciéndo de nuestras prisiones una escuela de entrenamiento para sicarios, un zoológico para personas como dijo alguna vez el Profesor Maier, o un lugar en donde quienes violaron las normas sociales sepan que no se hace, y aprendan a respetarlas.

La ilegalidad de Urtubey.

Sorprende como algunos hombres pueden interpretar, prohibir, obturar y entender cuestiones tan dramáticas como el embarazo producto de una violación, sinceramente, yo, como mujer no podría no sólo imaginar lo devastador, si no que tendría demasiado respeto por ese dolor tan ultrajante y tan femenino para salir a arrogarme la sabiduría sobre lo que conviene o no en esos casos.

El Gobernador Aquiniano de la provincia de Salta, Presbítero Urtubey comete dos ilegalidades que lo responsabilizarían por sus actos:

La primera es el no acatamiento de un fallo de una de las tres cabezas que Gobiernan un Estado Constitucional de Derecho. El fallo de la Corte sobre la interpretación del aborto no punible es un fallo "in abstractum" significa que, si bien toma los hechos de un caso, sólo lo utiliza como ejemplo, pues ese caso ya había sido resuelto. Lo que hace la Corte es establecer el alcance de esa normativa de FONDO, es decir, el Gobernador Urtubey NO PUEDE no aplicar ese criterio de la Corte, porque la misma no está declarando inconstitucional la norma en cuestión, está estableciendo los límites, y como el CÓDIGO PENAL donde esta norma está establecida es LEY DE FONDO, es decir aplicable obligatoriamente a todo el territorio, a diferencia de las LEYES DE FORMA (procesales) que son facultades originarias de cada provincia, el Gobernador Urtubey estaría violando la Constitución Nacional: Art. 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros." y rozando el delito constitucional de sedición: art. 230 inc 2 del Código Penal: "los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código".

La segunda ilegalidad en la que cae el Gobernador Salteño es en OBLIGAR a la víctima de la violación a realizar la denuncia penal aún cuando la ley la proteja y no lo requiera.

Existen 3 tipos de acciones penales según nuestra legislación: La acción pública: por ejemplo: los delitos de robo, homicidio, secuestro, tráfico de estupefacientes. Que sólo requieren del mero conocimiento del ilícito para que la maquinaria estatal comience el proceso investigativo, más allá de si existe o no una víctima identificada y si ella desea instar la acción penal.

La acción pública dependiente de instancia privada: lo referido entre otras cosas a la violación, que, si bien por la gravedad, el delito debe ser perseguible, se requiere del consentimiento de la víctima que lo otorga al instar la acción penal, es decir, si la víctima de la violación elige, por distintas circunstancias, NO INSTAR la acción, las autoridades judiciales no pueden investigar. Esto es fundamental para entender la trascendencia del fallo de la Corte, en el caso del embarazo por violación, el fallo establece que se debe realizar el aborto sin necesidad de autorización judicial, pues ya lo tiene pautado el artículo 86 del Código Penal, por lo tanto la obligación de denunciar judicialmente, que ordena Urtubey en su "protocolo" deja sin efecto lo que el fallo de la Corte trata de evitar: la re-victimización de la víctima, su decisión de no judicializar la situación, el respeto a su pudor, lo que sea. Lo de Urtubey es perverso.

La acción privada: por ejemplo el delito de calumnias e injurias.

Urtubey protocolizó su desacato a uno de los poderes máximos de la Nación, confundió la interpretación del alcance de una norma con una derogación, sabemos que sólo deroga el Congreso. Fallido bastante raro para alguien que se recibió en tiempo récord en la Universidad de Buenos Aires, pero que promueve la educación católica en su provincia, en estos casos, hubiera sido bueno cobrarle un arancel por estudiar gratis (así con ese arancel por ahí lográbamos que un par de pibes de la villa lleguen a la Universidad Pública Subsidiada, en vez de seguir reproduciendo burgueses) porque a la sociedad no le está devolviendo con acciones pro-positivas la posibilidad de estudiar gratis.

Más básico fue lo de Paco Pérez y el subhumano Ministro de Salud de Corrientes, estos rozan la misoginia, no hay que dedicarle más de una línea.

Pero a Urtubey sí, porque piensa en 2015, y se recuesta en lo más rancio. Estemos atentos.-

Armas en casa.-

En general desde el trabajo que uno realiza, trata de desalentar el uso de armas para defenderse de un delito, no porque seamos inconscientes pacifistas suponiendo que respetarán nuestras vidas quienes irrumpen violentamente sin tener nada que perder, sino, porque a diferencia de ellos, que en sus códigos callejeros está estipulado implícitamente que pueden volver, morir o caer en cana, en general hay mucho que perder. 

Quiero detenerme un minuto, como paréntesis, para afirmar una vez más, que habla muy mal de nuestro país, que quién debiera estar despertando en la adolescencia, descubriendo el mundo, disfrutando de su novia y proyectando un futuro, muera en un intento de asalto porque no le importa. Nunca es bueno ese síntoma de juventud desvastada, entregada, que vemos con los pibes pobres del conurbano, pero que también vemos en las maras de esta Latinoamérica tan hermosa pero tan desigual. Algunos pensarán que merecen morir, yo creo que deben ser nuestros refuerzos a futuro cuando nos vayamos poniendo viejos, nuestro recambio, nuestros líderes.

Usar un arma en esas situaciones es sólo potenciar la violencia, en desigualdad, pues quien irrumpe, mata o muere y así lo decidió, sin embargo la víctima, con la pretensión de evitar un mal a su familia, termina promoviendo uno mayor.

Hay un dicho popular que dice que las armas las carga el diablo y las descargan los boludos, no seamos boludos.

En serio.-

Cuando todo falla.-

Desde que sucedió lo de Once me puse a leer los contratos de concesión de servicios públicos del menemato, me justifiqué pensando que mi formación en derecho penal me impedía comprender los términos de los contratos entonces acudí a mi ex profesor de derecho administrativo, genio él, y si bien me aclaró un poco el panorama, me advirtió que los contratos estaban escritos "en difícil" adrede, menos entendés, menos posibilidades tenés de argumentar contra ellos.

Sabemos que nos han depredado, desde la decisión del poderoso Secretario de Estado Estadounidense Henry Kissinger de promover dictaduras en el Cono Sur de nuestra América hasta la profundización de esas políticas depredadoras en la década de los noventa, sabemos que nos han robado todo.

Ahora bien, con la masacre de Once nos enteramos de la peor manera, una vez más, qué sucede cuando todo falla, cuando la buena intención no va a acompañada de políticas acordes, cuando el "mientras que ande más o menos" impide que seamos previsores, que nos adelantemos, aunque suene exagerado a evitar daños, muertos, impotencia.

Que los empresarios buscan la mayor ganancia con el menor costo, es una obviedad, que si el Estado no los controla, a estos señores no les importa la vida de sus empleados, es otra obviedad, ahora que el Estado no los controle genera el peligro que sucedan cosas irreparables, como lo sucedido en Once.

Ya es una obviedad que la Presidenta, como depositaria de la administración central delegada por su pueblo, debe echar y denunciar a quien puso como la persona que debía evitar que esto suceda, Juan Pablo Schiavi, también creo, a pesar de algunos colegas que no lo consideran así, que el Estado, como representación máxima de la protección del interés nacional se presente como querellante, siempre y cuando, querelle tambien contra el o los funcionarios que no ha cumplido su responsabilidad.

Párrafo aparte se merece la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, todavía no entiendo bien cual fue su función durante los dos años que estuvo con la mayoría de la oposición, ¿se reunieron? ¿analizaron las denuncias de la Auditoría General de la Nación? órgano por si alguno no recuerda, que DEPENDE del Congreso de la Nación. Ellos también son parte del estado, el Poder  Legislativo es el órgano más importante de la división de poderes, de allí salen las leyes que regularán nuestras vidas, ¿que le demandaron al Poder Ejecutivo en esta materia?

La otra cuestión que no puede soslayarse es la actuación policial en el lugar del hecho, todo era magnífico hasta que apareció el cuerpo de Lucas después de 57 horas, repito 57 horas del choque. En el medio, toda la parafernalia mediática, todos tragando bronce líquido para la tribuna. 

El propio Juez fue al lugar del hecho, y el Comisario de la PFA a cargo de la Ferroviaria, como se le dice en la jerga, le mostró el lugar del hecho y le dijo que tenían todo bajo control, ¿todo bajo control con una persona que todavía no sabemos dónde está?, ¿quién requisó el tren? ¿se requisó MINUCIOSAMENTE, como dicen los manuales de criminalística? ¿A quién le estamos pagando el sueldo para que investigue, y en vez de eso, boicotean?

Todo falló, la concepción óntica del Estado falló, por eso, es momento de parar la pelota, levantar la cabeza y meter cuchillo sin piedad, ni prebendas, ni favores.

Quiero seguir esperanzada en que este es el rumbo, quiero creer que no me están engañando, quiero justicia y política en sus máximas expresiones. No quiero vagos que lleguen a cargos por contacto, quiero pibes de las villas en la Universidad, quiero que el padre y la madre de ese pibe viajen dignamente a sus trabajos, quiero que ganen bien, quiero que sus empleadores los cuiden, porque aunque nos quieran hacer creer en el mundo que los exitosos son los financistas especuladores, sabemos que sin laburantes no hay mundo posible.

Las cuentas pendientes. Lucas

Quién alguna vez anduvo recorriendo los caminos de nuestra Argentina profunda, sabe del sufrimiento de nuestros compatriotas, sabe de hambre, de violencia, de desazón. Pareciera que somos dos Argentinas, una, la cosmopolita, la del puerto y la pampa fértil y la otra la de soledades y tierra seca, la de familias feudales que controlan desde décadas la tierra y la vida de los que allí habitan y en este núcleo de lo indisoluble que es la falacia planteada que la inversión de las multinacionales mineras en nuestro país le dan trabajo a la gente, una vez más, el poder político genuflexo pone a disposición de esos capitales la fuerza policial para que sean el ariete y garante de la continuidad del trabajo de la multinacional, si hay que matar se mata, total gente pobre es lo que sobra.

Así volvemos cuál círculo vicioso a la ecuación: pobreza, falta de trabajo, aprovechamiento de las empresas,  depredación, represión. 

Reprimen las fuerzas policiales que aún hoy siguen autogestionadas, fuerzas policiales decadentes, autoritarias y asesinas. Todas, en mayor o menor medida, siguen sin control político efectivo. Las provinciales por supuesto, pero también la Federal, que una parte de ella sigue recordando sus vínculos con la dictadura y añorando ese gatillo fácil que estaba justificado en la larga y oscura noche Argentina.

Parte de esa Federal, no cuidó la escena del hecho en el caso Jazmín de Grazia y vendió al mejor postor las fotos que deberían ser el material que sostenga probatoriamente la hipótesis de la muerte, deplorable la tapa del diario Crónica. Mal gusto.

Me gustó la actitud valiente de mi amigo Lucas www.lucascarrasco.blogspot.com quién suele publicar para el diario Crónica y desde su blog salió a repudiar la tapa, puede quedarse sin laburo, y la verdad que no la está pasando bien, pero fiel a su forma de vivir, no se calla cuando algo le duele. Me honra que sea mi amigo.

Volviendo al tema de las policías, tenemos una cuenta pendiente como República...bah, tenemos varias, pero las policías es una fundamental para la consolidación de la democracia y las libertades civiles, si no, échenle un vistazo a Río de Janeiro y San Salvador de Bahía.

Hay un dicho bien gráfico que suelo utilizar: avanzarás a la cabeza de tu tropa, o tu tropa avanzará con tu cabeza. 

Sin control férreo sobre las fuerzas policiales, más temprano que tarde estaremos todos bajo amenaza.

Menores que cometen delitos. Normativa.

Según está estipulado en nuestro Código Penal, hasta el día de la fecha los chicos que cometen delitos y son menores de 16 años no son punibles, es decir, no puede ser responsabilizado ni punido por el delito cometido.

Todavía se aplica una ley de 1980 la 22.278, denominada Régimen Penal de la Minoridad; en ella, se establece entre otras cosas:

Art. 1: "No es punible el menor que no haya cumplido los dieciseis años de edad...Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado..." La ley no dice mucho más al respecto, la pregunta que surge es: COMO dispondrá, DONDE lo destinará.

Esta falta de precisión en un item tan importante hace que la tutela discrecional del juez termine o enviándolo con los padres sin más o la reclusión en una prisión como medida de seguridad ( la misma que se aplica a los locos) sin límite de tiempo.

Para evitar cualquier tipo de confusión, está ley será reemplazada por lo que hasta hoy es un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado denominado Sistema legal aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal. El Senado la giró a Diputados en el año 2009, se encuentra con despacho de mayoría y el número de expediente es 130-S-2009, obviamente que a esta altura ya perdió estado parlamentario.

¿Por qué se demora la sanción?

Porque entre sus 80 artículos existe uno que es el ámbito de aplicación de la ley, es decir, a quién se le aplicará y aquí se traba la discusión sobre si se debe mantener el límite de 16 años para la punibilidad de los menores en conflicto con la ley, o se debe establecer a los 14 años.

La ley es mucho más que esta discusión de sloganes, cuando debatimos políticamente, debemos pensar que es lo mejor para la mayoría de las personas a las que se le aplicará esta ley, la retórica vacía aburre y provoca confusión en la sociedad, que se encuentra tironeada por dos posiciones extremas, que de argumento tienen muy poco, pero de marketing tienen bastante.

Hoy por hoy, existen chicos de 14 años detenidos tutelarmente, o sea, privados de su libertad, por la presunta comisión de un delito, que nunca sabremos si efectivamente lo cometió, pues hasta que no sustituyamos la ley 22.278 por la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, el expediente PENAL del menor se cierra y queda abierto el TUTELAR que instituye al juez en una especie de Emperador sobre la vida del pibe en cuestión.

Lo que perdemos con estas discusiones de sloganes es resolver la situación de pibes de 14 y 15 años que cometen delitos, les violamos sus más básicos derechos civiles, ya que no tendrán derecho a presentar prueba ni a que cuenten con un defensor ni a tener una condena proporcional a su edad y los stándares internacionales sobre tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley, pero por sobre todas las cosas, no podremos llegar nunca a los reclutadores mayores de edad que organizan y arman a los pibes para cometer delitos ni tampoco tendremos herramientas para trabajar fuertemente en los núcleos familiares para detectar las posibles fallas en el ámbito familiar que pudieran provocar actos que realicen estos chicos y que generen tragedias irreversibles.

El proyecto de ley sobre el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil es mucho más que la discusión vacía de 14 o 16 años, tiene las herramientas, los espacios, los plazos de duración de los procesos, la participación de la familia en el proceso, equipos interdisciplinarios, la excepcionalidad de la prisión, la alternativa a la prisión, etc. que son de esencial interés social.

Nunca es bueno hablar de estas cosas, nos gustaría que nuestros pibes sean sanos, felices, con oportunidades de realizar sus sueños, sin violencia, ni droga, ni armas, ni abusos, ni abandono. No es posible, nuestro país es parte de un mundo injusto, y de un continente desigual, debemos hacernos cargo de los pibes que cometen delitos, debemos pre-venir la comisión de esos delitos y debemos evitar que quien lo cometió reincida, para ello hay que dejarse de sloganes, y laburar en serio.

Por lo pronto, sancionando el Régimen Penal Juvenil que derogará el nefasto régimen tutelar de la dictadura que hoy se aplica, con presupuesto incluido.

Este es el link de la página de la Honorable Cámara de Diputados con los datos del proyecto de ley en cuestión:

http://www1.hcdn.gov.ar/proyectos_search/proyectosd.asp?whichpage=1&pagesize=1&fromForm=1&soloExpDip=on&proy_expdipA=2009&proy_expdipT=S&proy_expdipN=0130